TRUMP Y LOS IMPUESTOS

/ EVERARDO ELIZONDO

Trump y los impuestos

The Tax Foundation (TF) es una institución de investigación independiente (un think tank, en inglés coloquial). Fundada en Estados Unidos en 1937, su propósito es educar al público en cuestiones tributarias. Como era de esperarse, no todo mundo cree en su autonomía, pero caben pocas dudas de que se trata de un participante formidable en el debate sobre política fiscal.

Recientemente, TF publicó los resultados (2016) de su Índice Internacional de Competitividad Impositiva. De acuerdo con la institución, el índice intenta medir el grado en que el sistema tributario de un país se apega a dos aspectos importantes de la política impositiva: competitividad y neutralidad.



En el "marcador total" (overall score), los primeros cinco lugares (de 35) los ocupan Estonia, Nueva Zelanda, Letonia, Suiza y Suecia; México está en el sitio 24; Estados Unidos en el 31; y, Francia, en el último. En cuanto al subíndice referente al impuesto a la utilidad de las empresas (corporate), Estonia está otra vez en el primer lugar; México en el 28; Francia en el lugar 32; y, Estados Unidos... en la cola.

Así pues, al parecer tiene base uno de los (pocos) aspectos positivos de la agenda económica de Donald Trump, el cual consiste en reducir la tasa del impuesto sobre las utilidades de las empresas. El argumento estándar al respecto es que la tasa en cuestión es una de las más altas entre los países de la OCDE.

Al respecto, J. Stiglitz, un economista "liberal", coincide curiosamente con Trump, en cierto sentido: una de las reformas que sugiere es "... reducir la tasa a las compañías que inviertan y creen empleos en Estados Unidos, y aumentarla a aquellas que no lo hacen". ("What America's Economy Needs from Trump", Project Syndicate, 13/11/16).

En mi opinión, hacer selectiva la baja no sería conveniente: generaría distorsiones adicionales en la economía.

En el mismo ámbito de lo tributario, una de las quejas frecuentes entre los críticos del sistema económico estadunidense es la supuesta "regresividad del sistema impositivo -que alimenta la desigualdad ayudando a los ricos (y a nadie más) a enriquecerse más-", según una afirmación de J. Stiglitz (op. cit.). Digo "supuesta" porque de acuerdo con las cifras de TF (publicadas en noviembre 2015), tomadas de la fuente oficial, el Internal Revenue Service, no es así, al menos en lo que toca al impuesto sobre el ingreso de las personas físicas. Todo lo contrario. Los datos del cuadro que sigue corresponden al año 2013, y son los más recientes disponibles.

La última columna de la izquierda muestra lo más relevante: la tasa del impuesto aumenta significativamente conforme crece el nivel del ingreso, exactamente lo que es la característica distintiva de un gravamen progresivo. Uno puede discutir, si quiere, el grado "justo" de progresividad, pero esa es otra historia.

Otros dos aspectos importantes se derivan del cuadro: 1.- la mitad superior de los receptores de ingreso pagan un poco más de 97 por ciento del total de la recaudación del impuesto sobre el ingreso de las personas físicas; y, 2.- por tanto, el resto de los contribuyentes paga sólo 2.8 por ciento restante.

Vale notar que la recaudación de dicho impuesto representa 9 por ciento del PIB en Estados Unidos, un poco más arriba que el promedio de los países de la OCDE.

Un tema relacionado al anterior, pero no igual, es el de la reducción de la pobreza. A este respecto, quizá lo más sensato sería eliminar la multitud de programas existentes y reemplazarlos con un "impuesto negativo sobre el ingreso".

Se trata de una propuesta avalada por pensadores serios tanto de derecha como de izquierda. Es tan razonable, que la desestiman los políticos.

El autor es profesor de Economía en la EGADE, Business School, ITESM.

 

	Participaciónde cada grupo en el Ingreso Bruto Ajustado, %	Participaciónde cada grupo en el Impuesto sobre el Ingreso, %	Tasade impuesto, %
Todos los Contribuyentes	100	100
1% más alto	19.0	37.8	27.1
5% más alto	34.4	58.6	23.2
10% más alto	45.9	69.8	20.8
25% más alto	68.1	86.3	17.3
50% más alto	88.5	97.2	15.0
50% más bajo	11.5	2.8	3.3

Fuente: TF, con datos del IRS

Generan mexicanos en EU más que países

El PIB de Chile, Perú y Colombia fueron superados el año pasado por los ingresos totales de los mexicanos radicados en Estados Unidos, los cuales sumaron 563 mil millones de dólares.

Jeanette Leyva

El ingreso medio total de la población inmigrante de origen mexicano en EU inició un periodo de recuperación en 2011. (Bloomberg)

El ingreso total de la población de origen mexicano (nativos de origen mexicano e inmigrantes) sumó 563 mil millones de dólares en 2015, cifra que supera el PIB de diversos países de Latinoamérica incluyendo a Chile, Colombia y Perú, de Asia, como Hong Kong, Pakistán, Singapur y Malasia y de Europa, como Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polonia, Austria y Suecia.

En tanto, el ingreso de los inmigrantes mexicanos (ingreso per cápita multiplicado por el número de inmigrantes) en EU fue de 238 mil 769 millones de dólares en 2015, equivalente a 21 puntos porcentuales del PIB de México, señala el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

“El ingreso medio total de la población inmigrante de origen mexicano en EU inició un periodo de recuperación en 2011 en respuesta a mayores niveles de empleo”, indica un informe del Cemla.

Jesús Cervantes, gerente de Estadísticas Económicas y Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Cemla, dijo que “al comparar para 2015 el ingreso total de la población de origen mexicano en Estados Unidos con los PIB de las principales economías del mundo, todo medido en dólares corrientes, resulta que dicho ingreso sería la economía 21 en el mundo”.

En los últimos años el flujo migratorio mexicano a Estados Unidos se frenó y en 2015 los inmigrantes mexicanos en ese país fueron 11.64 millones de personas, menos que en 2014, cuando sumaron 11.71 millones.

“Récord de ganancias”: ¿Y para quién son?

Information Station

Cuando escuchamos el término “ganancias” en las noticias, a menudo la palabra se utiliza para explicar otra cosa. A veces, tener ganancias se enmarca de una manera que despierta desconfianza o ganas de penalizarla. Por ejemplo, he aquí un titular de la Radio Nacional Pública (NPR): “Récord de ganancias de petroleras suscita críticas”.
En términos generales, las ganancias son los dólares que restan del dinero gastado en la producción de un bien o servicio. Si un comerciante paga por unos pollos más de lo que Ud. está dispuesto a pagar, entonces el comerciante sufrirá pérdidas en vez de sacar ganancias. Si el comerciante pierde bastante dinero, tendrá que cerrar y Ud. tendrá que encargarse de criar y sacrificar sus propios pollos.



Así es como el “afán de ganar dinero” hace que gente totalmente extraña haga cosas asombrosas que son de mutuo beneficio. Cenar pollo sería mucho más caro (y repelentemente fastidioso) si todos tuviéramos que criar y sacrificar nuestros propios pollos. Carniceros y tenderos que no conocemos se encargan de este ingrato trabajo por nosotros ya que ello les reportará ganancias. Lo mismo podemos decir de la gasolina que usa su auto y de casi todo lo demás que necesitamos y deseamos.
Hay empresas porque hay ganancias y es la razón por la que hay empleos. Que una empresa tenga récord de ganancias significa que la empresa es sólida y ofrece seguridad laboral. Que haya pocas ganancias es indicativo de un negocio débil y de empleos precarios. Ultimadamente, si no hay ganancias, llega la quiebra y se acaba el empleo.
Las ganancias también sirven de señal. Si hay fuertes ganancias en el negocio del pollo, eso envía señal de que la gente debe estar queriendo y necesitando comprar más pollos, por tanto harán falta más empleos para surtir más pollos.
Los dueños de las empresas recogen las ganancias, pero éstas también van a parar a manos del gobierno a través del pago de impuestos.
En una pequeña empresa, como un restaurante familiar, es probable que el dueño sea algún vecino suyo y sea quien recoge las ganancias. Éstas suelen ser reducidas, por lo general sólo 2-3 centavos por cada dólar que el restaurante cobra.
Muchas de las grandes empresas de Estados Unidos son propiedad de sus accionistas y éstos reciben las ganancias. Sorprendentemente, una gran mayoría de americanos no cae en la cuenta de que ellos son los dueños de estas empresas.
Por ejemplo, más de la mitad de los dueños – los accionistas – de nuestras más grandes compañías petroleras son planes privados y enormes planes públicos de pensiones, cuentas 401k, fondos mutuales y cuentas IRA para el típico hogar americano. Más de la mitad de nosotros somos dueños de estos fondos en forma de ahorros personales, inversiones de jubilación y pensiones.
En otras palabras: Los americanos, en su gran mayoría, son propietarios de la mayor parte de las compañías petroleras de Estados Unidos. La riqueza de nuestros hogares se beneficia de forma directa cuando las compañías petroleras, de las que son dueños, consiguen grandes ganancias; nuestra riqueza también sufre cuando nuestra empresa petrolera no es rentable. También perdemos cuando se les suben los impuestos a estos negocios. Lo mismo puede decirse de las otras miles de grandes compañías en las que invierten nuestros fondos de jubilación y pensiones.
Las ganancias son las que ponen la comida en nuestras mesas, la gasolina en nuestros autos, nos proporcionan puestos de trabajo, financian nuestra jubilación, y mucho más. El afán de ganar dinero nos motiva a hacer cosas que redundan en mutuo beneficio. Un récord de ganancias es señal de que estamos haciendo más bien que de costumbre.

La opresión del Estado y su dictadura fiscal

Emilio Campmany

Hoy en Occidente creemos que sólo son genuinas democracias las nuestras. Y sin embargo hay algo en ellas que no tiene nada de democrático, como es el modo en que se recaudan los impuestos. Bajo el pretexto de ser necesarios para pagar las pensiones, la sanidad y la educación, se cometen los más ignominiosos atropellos sin que nadie se oponga, porque la mayor parte de los ciudadanos cree, aunque en muchos casos no sea verdad, que son beneficiarios netos del sistema. Hoy es más fácil ingresar en prisión preventiva sin fianza por ser acusado de delito fiscal que por serlo de estafa, apropiación indebida o alzamiento de bienes. Y es un disparate.



Los parlamentos nacieron para controlar lo que gastaba el rey y no pagar más impuestos que los justos. Hoy ocurre lo contrario. El electorado, que piensa que todo es en su beneficio, se convierte en cómplice y aplaude y respalda esta forma casi confiscatoria de recaudar, creyendo que es indispensable para poder pagar el Estado del Bienestar. En realidad, eso es sólo el pretexto. Se recauda así para tener con qué pagar las muchas subvenciones, prebendas y ayudas que los políticos reparten entre los suyos y sus amigos, incluidos muchos empresarios. Y los contribuyentes afectados callan, silencian y ocultan el maltrato que sufren porque, en caso de denunciarlo públicamente, son inmediatamente tachados de defraudadores. En pocas dictaduras pasan estas cosas.

¿Chupar-Side economics?

 

Ricardo Valenzuela

“La reforma propuesta al congreso mexicano, en su versión Chupar-Side economics, sólo busca un pedazo más grande del mismo pastel. Pero además, a los miembros de la oposición lo único que les preocupa es quien se comerá el nuevo y masivo trozo. No creo uno solo de ellos haya dedicado unos minutos a pensar ¿de donde vienen esos 300,000 millones de pesos? ¿Estamos estimulando la oferta (producción)? ”

 

Desde el inicio de los años 70, cuando Art Laffer dibujara su curva en la servilleta de un restaurante, se iniciaba el derrumbe de la iglesia propiedad de John Maynard Keynes edificada para rehabilitar un mundo agredido por La Gran Depresión. Durante casi todo el siglo pasado, el planeta entero se entregaba a las ideas del economista cincelando la estructura del New Deal y, de esa forma, la toma por asalto de las economías ante nuevos y fornidos gobiernos.

Las herramientas en el arsenal de Keynes eran numerosas, sin embargo, las podríamos resumir en su recomendación para encadenar los mercados y darle al estado la palanca de "afinación" de las conductas económicas. Pero el sello más claro identificando el nuevo producto, era la receta para estimular las economías vía masivo gasto gubernamental para lo cual, era necesario se allegaran los recursos mediante aumentos impositivos astronómicos. Keynesaseguraba que, inundando el estadio con dinero, se provocaba una poderosa recuperación de la atrofiada demanda y, magia, la economía explota en prosperidad.

Cuando Keynes se viera acorralado por el gran Hayek en un debate en el cual, el austriaco cuestionaba las consecuencias de sus políticas en el largo plazo, Keynes respondía; "en el largo plazo todos estaremos muertos."

Sin embargo, Keynes nunca recomendó se exprimiera a la sociedad para convertir gobiernos en banqueros, curanderos, electricistas, petroleros cuando emanaba ese nebuloso ser, el Estado, cuyo mensaje era "te garantizo la felicidad desde la cuna a la tumba, solamente acepta esta celestial oferta." Pero cuando a los gobiernos se les cede más control, jamás renunciaran a él y, por el contrario, como afirmara Jefferson, "Al ritmo que los poderes del estado crecen, las libertades se encogen."

Consecuencia de la segunda guerra mundial, nacían el FMI, el Banco Mundial, la OMC y, lo más impactante, la entrega total a los gobiernos del sistema monetario internacional. Todo ello bajo la cobija de los acuerdos de BrettonWoods paridos en 1945 por el intelecto de Keynes. Es importante señalar no toda la gloria de tal madeja pertenece al economista inglés puesto que, el socio intelectual y su principal apoyo fuera un economista americano, Harry Dexter White, cuyo extenso curriculum lo identificaba como ex miembro del partido comunista.

El Keynesianismo cubría con su manto al mundo entero y, al arribo de la década de los años 70, se llegaba a extremos tales como el impuesto marginal en Inglaterra escalando el 90% del ingreso, y en los EU Nixon estableciendo control de precios y salarios. Pero la parranda Keynesiana terminaba dando paso a la horripilante cruda bautizada como Stagflación cuando, el desconocido fenómeno de inflación y recesión se presentaran en el mismo doloroso paquete.

Era la época de Echeverría en nuestro acosado país quien, inspirado por Raul Prebish, padre de la teoría de la dependencia, y muy asesorado por Enrique Cardoso y Enzo Faletto, buscaba una vía celestial hacia el socialismo la que continuaría Lopez Portillo quien, presumiendo del infinito petróleo, rociaba la hoguera con dinamita.

La servilleta portadora de la curva de Laffer, sería la inspiración de una singular pareja; Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes, utilizando una herramienta totalmente opuesta al Keynesianismo, se dieran a la tarea de combatir la Stagflación ejecutando agresivas reducciones de draconianos impuestos oprimiendo al mundo. El nacimiento del bautizado como Supply-Side economics (estimulación de la oferta), produjo el que los EU, en los últimos 25 años hayan triplicado su PIB cuando se dirige a los 15 trillones de dólares, y la economía mundial viajara de 20 trillones a su arribo a los 60 trillones.

Hay grandes lecciones en la historia económica de este cuarto de siglo, sin embargo, México no las ha entendido y el país continúa en su encrucijada. El paquete de la Reforma Fiscal enviado al Congreso lo confirma. Exhibiendo clara miopía, se define su vago objetivo el maximizar la recaudación del estado. Es decir, supongamos tenemos un pastel de 50 y el pedazo del estado representa 10, entonces, el estado solicita un serrucho para cortar uno que represente 15.

Laffer y Mundel, laureado con el premio Nobel, nos dicen algo diferente: El Estado sólo puede lograr ingresos saludables y sostenibles, en la medida que las economías crezcan agresivamente durante largos periodos y, de esa forma, los números se modifiquen reduciendo, "porcentualmente," el pedazo del estado pero de un pastel mucho más grande. Es decir, si el pastel viaja de 50 a 100 y el trozo estatal de 10 a 7, no se requiere ser sabio para entender un 7% de 100 es mayor que el 10% de 50. Solamente de esa forma se puede dar lo que México necesita con urgencia, y no es mayor recaudación para el estado, sino "la formación de capital."

Laffer demostraba cómo los gobiernos, al dar un paso mas en sus cargas impositivas, producen el efecto contrario cuando, al asfixiar a los actores económicos, desalientan el empleo, la inversión, la producción, el consumo, bloqueando el crecimiento de la economía y, obviamente, se provoca el derrumbe de sus ingresos. Es por ello que la curva "invertida" de Laffer, para los políticos representa un jeroglífico.

Esta Reforma Fiscal pretende servir caldo de pollo en el menú nacional. Sin embargo, nadie parece entender que, para proceder a su cocinado, el primer ingrediente requerido es un inexistente pollo. El odiado George W. Bush, con la reducción de impuestos implementada en su primer periodo, ha producido más de 500,000 millones de dólares de ingresos adicionales. Reduciendo impuestos, cocinaron un pastel más grande y el pedazo estatal es ahora mayor ¿Como los han gastado? Ese es otro tema.

La Reforma propuesta al congreso mexicano, en su versión Chupar-Side economics, sólo busca un pedazo más grande del mismo pastel. Pero además, a los miembros de la oposición lo único que les preocupa es quien se comerá el nuevo y masivo trozo. No creo uno solo de ellos haya dedicado unos minutos a pensar ¿de donde vienen esos 300,000 millones de pesos? ¿Estamos estimulando la oferta (producción)?

Por qué no pueden subirse impuestos sólo a los ricos

El rincón austriaco - 

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) acaba de publicar un estudio muy interesante sobre la distribución de la carga fiscal entre las familias españolas. El titular más llamativo del informe ha sido el de que los hogares con menor renta pagan el mismo porcentaje de impuestos que los hogares de renta alta.
Y es que, en efecto, las familias con menor renta abonan un 28,21% sobre sus ingresos, mientras que el 1% de familias más ricas, apenas soportan una carga fiscal del 33,10%. En realidad, es necesario matizar que, por un lado, las rentas del primer quintil no están adecuadamente calculadas, ya que incluyen rendimientos negativos (lo cual reduce la base sobre la que se calcula el tipo impositivo, aparentando que éste es mucho mayor de lo que realmente es). A su vez, también hay que aclarar que estos cálculos no incluyen ni las cotizaciones sociales a cargo del empresario (que padecen en última instancia los trabajadores) ni tampoco el Impuesto de Sociedades (que soportan en última instancia los receptores de rentas del capital).




Para muchos, estos datos ilustran que la presión fiscal en España está muy mal repartida y que habría que reequilibrarla, reduciéndosela a las rentas bajas e incrementándosela a las rentas altas. A mi entender, en cambio, lo que ponen de manifiesto estos datos es que Thomas Piketty tenía razón cuando señalaba que:

En el Estado fiscalista moderno, la totalidad de los pagos tributarios se acerca a ser proporcionales a la renta de todos los individuos, especialmente en aquellos países donde esos ingresos fiscales son muy altos. Esto no es sorprendente: es imposible imponer una presión fiscal igual al 50% para así financiar un ambicioso programa de transferencias sociales sin exigirle a todo el mundo que haga una contribución muy importante. La lógica de derechos universales que subyace en el moderno Estado social y fiscalista encaja muy bien con la idea de una tributación proporcional (o muy escasamente progresiva).

O dicho de otra manera, el Estado español no puede recaudar mucho más de lo que recauda ahora sin sablear con mucha mayor saña a todos los ciudadanos, incluidas las rentas bajas.
No se puede sólo con los ricos
En la siguiente tabla, recogemos el tipo impositivo medio soportado por cada tramo de renta, el porcentaje del PIB que “acapara” cada tramo de renta y la recaudación fiscal que cada uno de esos tramos proporciona (en términos de PIB). Por ejemplo, el 1% de contribuyentes con mayor renta de España logra unos ingresos equivalentes al 5,31% del PIB, los cuales son sometidos a un tipo impositivo del 33,1%: y, en consecuencia, el 1% de contribuyentes con mayor renta aportan una recaudación del 1,76% del PIB (el 33,1% del 5,31% del PIB es el 1,76%).



Si sumamos la recaudación de todos los hogares españoles, alcanzaremos una presión fiscal agregada del 26,7%: a esa cifra, es necesario añadirle la recaudación por cotizaciones sociales a cargo de la empresa, por Impuesto sobre Sociedades y otros ingresos patrimoniales del Estado hasta alcanzar los ingresos públicos totales de España (entre el 38-39% del PIB). Por poner estas cifras en perspectiva: el déficit público de España es del 5% del PIB y las socialdemocracias nórdicas —a las que tantos partidos quieren llevarnos— recaudan, al menos, el 50% del PIB.
Así pues, el inmoral juego recaudatorio que voy a plantear a los lectores es el siguiente: ¿cómo recaudar, únicamente castigando a “los ricos”, cinco puntos adicionales de PIB (o 12 puntos de PIB, si quieren emular a los nórdicos) a partir de las distribuciones de renta y de carga fiscal recogidas en la tabla anterior?

Podemos ha prometido que sólo subirán los impuestos a aquellos que cobren más de 60.000 euros anuales

Empecemos por lo más fácil: extraer cinco puntos adicionales de PIB para acabar con el déficit sin recortar el gasto. Podemos ha prometido que sólo subirán los impuestos a aquellos que cobren más de 60.000 euros anuales. Eso debería limitar su radio de acción al último decil de la distribución de la renta (centiles 91 a 100). En realidad, empero, el radio de acción debería ser mucho menor, pues el centil 91 empieza con 62.000 euros por familia: es decir, un hogar con dos padres y un hijo, donde cada padre gane 32.000 euros, forma parte del centil 91. Y, en teoría, Podemos ha prometido no cobrarles más impuestos a ese tipo de hogares. Pero da igual; obviemos ese detalle: ¿cómo recaudar cinco puntos más de PIB sólo con los centiles 91 a 100?
De entrada, si aumentamos los impuestos sobre el 1% más rico desde el 33,10% al 50%, apenas se recaudaría un 0,9% más del PIB. Por tanto, nos faltan 4,1 puntos que habría que imputárselos a los centiles 91 a 99. Y para recaudar 4,1 puntos más en esos deciles, habría que llevar su tipo impositivo medio al 47%... sin contar cotizaciones sociales a cargo del empresario. Computando esas cotizaciones, estaríamos hablando de arrebatarles a muchos ciudadanos más del 60% de todo lo que ingresan: algo muy escasamente realista. Pero la aritmética fiscal todavía es más desfavorable para los amigos de la demagogia antirricos.
Primero, porque ese aumento de la tributación debería efectuarse sólo mediante impuestos directos (si aumentaran los indirectos, no sólo los ricos pagarían esta mordida). Los centiles 91 a 99 soportan un tipo impositivo directo del 22,49% (y uno indirecto del 7,43%): si queremos incrementar su aportación tributaria en 17 puntos (hasta llevar la total al 47%), habría que aumentar su tipo impositivo directo desde el 22,49% hasta el 39,5% (en el caso del top 1%, habría que llevarla hasta el 45%). Ahora mismo, el tipo impositivo medio por impuestos directos para alguien que gana 60.000 euros se ubica en torno al 26%-27%, por lo que sería necesario un sablazo fiscal absolutamente disparatado para que las rentas por encima de 60.000 euros pasen a tributar un 39,5%.
Por ejemplo, una persona que ingresa 100.000 euros y paga el 26% de impuestos directos sobre sus primeros 60.000 euros debería tributar al 60% sobre los restantes 40.000 para que su tipo impositivo medio (sobre los 100.000 euros) fuera del 39,5%. Y si quisiéramos que hubiera una cierta progresividad fiscal desde los 60.000 a los 100.000 euros (esto es, que pague mucho más el euro 99.999 que el euro 60.001), los tipos marginales a partir de 80.000 o 90.000 euros deberían ser muy superiores a ese 60%.
Todo lo cual nos lleva al segundo gran problema: ¿alguien puede creer que, estableciendo unos tipos impositivos marginales tan elevados, las bases imponibles no se van a reducir? Fíjense que no estoy preguntando si necesariamente subiendo los impuestos recaudaremos menos: tan sólo estoy constatando que, tras subir los impuestos de una manera tan exagerada, los profesionales de rentas altas dejarán de estar dispuestos a trabajar tantas horas diarias como antes (Montoro se topó justamente con ese problema en 2012). O dicho de otra manera, si queremos aumentar la recaudación un 40% entre las rentas altas, no bastará con subir los impuestos un 40%, sino que habrá que hacerlo mucho más. En tal caso, habría que aumentar los tipos marginales por encima de 60.000 euros muy por encima del 60%: justo la receta para que todo personal cualificado se vaya de España.

No recaudaríamos en absoluto las sumas deseadas de dinero, pues los ciudadanos simplemente dejarían de trabajar una vez alcanzado cierto umbral de renta

Y si recaudar cinco puntos del PIB únicamente a partir de las rentas altas se antoja una misión cuasi imposible, imaginen la imposibilidad de extraer de esas rentas altas los 12 puntos del PIB que necesitamos para equipararnos con los países nórdicos: tendríamos que elevar su tipo impositivo medio hasta el 70% (colocando el tipo marginal a partir de 60.000 euros en niveles muy cercanos al 100%). Huelga señalar que, con tales gravámenes, no recaudaríamos en absoluto las sumas deseadas de dinero, pues los ciudadanos simplemente dejarían de trabajar una vez alcanzado cierto umbral de renta.
En suma, cuando los populistas prometen aumentar los ingresos del Estado —ya sea para revertir los recortes o para multiplicar el Estado de Bienestar— únicamente haciendo pagar “a los ricos” están mintiendo con descaro. No se puede. Por mucho que quieran, no se puede. Si se apuesta por un Estado más grande, todos tendremos que pagar muchos más impuestos: eso es, justamente, lo que sucede en los países nórdicos.

Impuestos abusivos provocan empresas abandonen paises

Information Station

“Compañía americana se traslada al extranjero”. Todos hemos visto ya ese titular en la prensa. Ahora se puede añadir Johnson Control a la lista. El proveedor de piezas de autos con sede en Milwaukee anunció que se va a fusionar con Tyco International, con sede en Irlanda.
Esta gran maniobra es sólo el último ejemplo de la denominada “inversión tributaria”, mediante la cual una compañía reubica en el extranjero su sede para pagar menos impuestos. Recientemente, el gigante farmacéutico americano Pfizer anunció una fusión por valor de $160,000 millones con la compañía de medicamentos irlandesa Allergen. Recuérdese igualmente el caso de la adquisición por parte de Burger King por $11,000 millones de la cadena canadiense Tim Hortons.



Lógicamente hay una razón por la que la inversión tributaria es tan habitual: Las compañías americanas pagan unos tipos impositivos sobre sociedades de entorno al 35% o más, mientras que sus competidores extranjeros pagan mucho menos en sus respectivos países. Irlanda, por ejemplo, tiene un tipo impositivo sobre sociedades del 12.5%. De hecho, Estados Unidos tiene el tipo impositivo sobre sociedades más elevado entre los países desarrollados. Afrontar ese pago es una dura batalla para muchas empresas. Y aquéllas que no pueden competir quedan en una posición vulnerable frente a adquisiciones extranjeras.
Trasladarse al extranjero permite a las compañías pagar menos en impuestos y conservar una gran parte de sus beneficios, que a su vez éstos se pueden utilizar para invertir de nuevo en Estados Unidos con localizaciones adicionales y nuevos empleados, y así producir más bienes y servicios para el público.
La legislación actual grava dos veces a las compañías americanas que operan en el extranjero, una vez en el país en el que obtienen los beneficios y otra vez cuando ese dinero retorna a Estados Unidos. Esta doble tributación pone en desventaja competitiva a estas compañías respecto a los competidores extranjeros, que son libres de invertir en Estados Unidos sin el temor a una doble tributación. Y eso deja a las compañías americanas con menos dinero para gastar en su expansión empresarial y laboral.
Pongamos como ejemplo a un trabajador que vive en una ciudad y se desplaza a otra para trabajar cada día. Si las normas establecieran que tendría que pagar impuestos en ambas ciudades (doble tributación), sería beneficioso para este trabajador el mudarse a la ciudad con el tipo impositivo más bajo. Hacer eso no sería egoísta ni desleal hacia una de las ciudades, simplemente le serviría para ahorrar un dinero que podría gastar de otra forma.
Pues la misma lógica se aplica a las empresas. En este momento, las compañías americanas mantienen casi $2.1 billones en el extranjero para evitar la doble tributación que les aguardaría si quisieran reinvertir ese dinero en Estados Unidos. No están siendo egoístas o antipatriotas, es simple sentido común el que quieran ahorrar dinero.
Para traer ese dinero a nuestro país, los responsables políticos deberían centrar su atención en la reforma del impuesto sobre sociedades, que haría que el clima empresarial de Estados Unidos fuese más atractivo para cualquier tipo de compañía. No soluciona nada demonizar a las compañías por respetar las reglas del juego y pagar menos impuestos en otro lugar. Como tampoco lo hace imponer más regulación pública.
Necesitamos fomentar el que las empresas se queden aquí, no abrumarlas con más normas y cobros.

Papeles de Panamá: El efecto de Estados insaciables

Francisco Sánchez Urra

Los últimos días diversos medios de comunicación se han “rasgado las vestiduras” con la filtración de los documentos privados de la firma “Mossack Fonseca” con casa matriz en Panamá, lo cual, ha incendiado un debate al borde del ridículo en torno a lo “vil y perverso de los ‘paraísos fiscales’” y “el deber de pagar impuestos”.
Lo primero que hay que aclarar es que no existe la denominada “filtración”. La firma mostró pruebas de un ataque cibernético que vulneró su sistema y, para dolor de los periodistas, se efectuó una apropiación indebida de parte de su información, de miles de personas, por lo tanto destruyendo el principio de privacidad y el de propiedad.



Fuera de este poco debatido tema, el problema de fondo radica en la acción “impropia” de algunos en evadir el pago de impuestos, en desmedro de los Estados, generando “una situación de desigualdad” y por ende “una trampa al sistema”.  Esta actitud, condenada por los mesiánicos estatistas de todos los continentes y los socialistas de todos los partidos, es una “punta de lanza” para condenar la creación de riqueza y establecer un control del Estado sobre lo que la gente gana.
No estoy defendiendo a los que usan estas instituciones para el lavado de dinero ilícito o dinero robado a sus países de origen. Hablo de la gente que produce su dinero trabajando y arriesgándolo y quiere protegerlo de la inmensa voracidad del Estado que no sabe ya cómo exprimirnos más. ¿Por qué hay que castigar el éxito? ¿Por qué un artista o un futbolista ¡o cualquiera! tiene que pagar más de la mitad de sus ingresos al Estado? ¿Dónde está lo moral en ello? ¿Cuánto es lo justo?
Los impuestos, palabra que por sí sola denota una acción de violencia, es el pago que se realiza al Estado por nuestras ganancias en distintas actividades, transacciones activas o pasivas. Es el manantial del que se nutre el aparato estatal, muchas veces ineficiente, y que algunos aspiran a que controle las diferentes facetas de nuestras vidas en nombre de la redistribución de la riqueza. En el fondo, las sociedades establecidas en “paraísos fiscales”, lo que hacen es establecer un emprendimiento con menor presión fiscal que permita generar riqueza, arriesgando al igual que en todo negocio, su capital y recursos en beneficio de sus miembros, empleados y clientes. Es gente que trata de proteger lo que posee de las garras del Estado. ¿No haría Ud. lo mismo?
¿Cuál es el problema de que una persona arriesgue sus recursos fuera de la tutela del Estado? La respuesta a la pregunta enunciada es lógica: Ninguno. Sin embargo el problema radica en que escapan al alcance del Estado, de su influencia y de la capacidad de controlar su ganancia para nutrir el obeso aparato Estatal. Por eso las protestas.
En el fondo de toda esta persecución se esconde la frustración que ven muchos burócratas y políticos para hacerse de nuevos recursos que, de una u otra forma, alimentan una serie de relaciones que no necesariamente benefician a la sociedad. Éstas establecen regulaciones y límites que son en efecto lo que perjudica la generación de riqueza, emprendimiento, empleo y el ejercicio pleno de la libertad, restringiendo el mercado e incorporando al Estado en labores económicas que no le son propias, estancando el progreso de diversas sociedades, oprimiendo al individuo, es decir las razones por las cuales muchos optaron y eligen salir de rango de influencia.
Por lo tanto, esta situación es un paradójico ejemplo de qué manera se condena a personas y sociedades que no necesariamente han cometido un ilícito, con recursos propios y arriesgándolos en el mercado optando por una libre competencia, apuntándolos con el dedo “de no aportar a sus países” por la vía del impuesto y “fomentar la desigualdad”.
Sin embargo, la corrupción y derroche de los recursos públicos por parte de burócratas, día a día, parece ser santificado por el mesiánico estatismo, sin necesidad de “Panama Papers”, justificando otra vez la acción violenta de los impuestos sin límites, pues una vez que se encuentran establecidos poco se puede hacer para erradicarlos.
Es en este sentido que en Europa, específicamente en la Francia gobernada por Hollande, se aspira a su crecimiento constante para financiar “programas provisonales” que como todos sabemos, y ya lo decía Ronald Reagan, terminan siendo permanentes.  En el debate presidencial de Estados Unidos no es un tema menor, el precandidato demócrata Sanders, ha manifestado abiertamente la importancia de subir los impuestos a las ganancias y a la riqueza – y Hillary Clinton va por el mismo camino. Subir los impuestos es una forma de castigar sin tapujos a quienes han aportado a la sociedad y es una forma de incentivar la envidia en la sociedad. Es un castigo para los que buscan mejores opciones, sin apelar a recursos públicos, que arriesgan sus propios recursos. Los “paraísos fiscales”, además de ser legales, ofrecen mercados con mejores opciones de competencia lejos de la influencia estatal.
¿”Papeles de Panamá” o Estatismo a la ofensiva? Quizás en este caso debemos comenzar por romper con el discurso hegemónico establecido, ha sido un trabajo centralizado y fríamente calculado por quienes se asignan el rol “moral” de los medios de prensa y asociaciones afines.  Es lamentablemente una corriente de argumentos estatistas que ha visto en esta “punta de lanza” un argumento más para atacar al libre mercado, potenciar el rol del Estado en la economía, justificar la regulación y legitimar un acto de violencia contra la propiedad: Los impuestos.
Se ha condenado y apuntando con el dedo a miles de personas por ejercer su libertad en los mercados, nuevamente explotando la envidia amparados bajo el argumento de la desigualdad.  Quizás es la instancia para cuestionar e inquirir a nuestros gobiernos para poner en el debate el límite a los impuestos, un rol eficiente y no interventor, un Estado subsidiario y con límites, balance de poder y fin a las dictaduras “ya sean rojas, amarillas o pardas”  que atentan contra nuestra propiedad y la capacidad de poder administrar los frutos de nuestro trabajo, que nos impiden ejercer la libertad y emprender en la búsqueda de nuestra propia felicidad.

La policía tributaria internacional y los Panamá Papers

Daniel J. Mitchell explica que la controversia alrededor de los "Panama Papers" tiene una solución pro-crecimiento: que los países con impuestos altos reformen sus sistemas tributarios de tal forma que se de una competencia global por el capital.

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Daniel J. Mitchell es Académico Distinguido del Cato Institute.

Muchas naciones en Europa Occidental ya no pueden costear sus grandes estados de bienestar. Países como Grecia, España, e Italia ya han necesitado rescates, mientras que es solo cuestión de tiempo antes de que muchas otras naciones europeas se enfrenten a un día de ajuste de cuentas fiscales. Pero el problema no está restringido a Europa. Países como EE.UU. y Japón también tienen serios problemas a largo plazo debido a sus cambios demográficos y al mal diseño de sus programas de prestaciones sociales.



Desafortunadamente, en lugar de arreglar sus propios problemas fiscales, muchas de estas naciones están presionando a las burocracias internacionales como el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que modifiquen las reglas y tradiciones del comercio global en un intento de extraer una mayor recaudación tributaria.
Por esta razón es que ha habido un ataque importante en contra de los llamados paraísos fiscales como parte de una campaña coordinada para socavar la soberanía fiscal y restringir el derecho humano a la privacidad financiera. Aparentemente a las jurisdicciones pequeñas no se les permite seguir la misma estrategia de impuestos bajos y gobierno limitado que le permitió a países como EE.UU. volverse rico.
Uno de los capítulos más bizarros en esta historia es la forma en la que los partidarios del estado de bienestar ahora están tratando de demonizar los proveedores de servicios financieros como los bufetes de abogados que son contratados para realizar trámites legales en nombre de inversores y empresarios que están estableciendo fideicomisos, empresas, y otras entidades.
Considere, por ejemplo, el caso de Mossack Fonseca, un bufete de servicios profesionales basada en Panamá. La BBC y otros medios con una agenda han buscado impugnar la reputación de este bufete, que ha estado en operación durante casi 40 años y ni una sola vez en su historia ha sido acusado de delito alguno o incluso formalmente investigado en conexión con un solo caso de delito penal. Pero este grupo de practicantes del derecho y astutos asesores de fideicomisos, de repente está siendo presentado como un sindicato internacional del crimen que está corrompiendo a la civilización occidental, una corporación a la vez.
La controversia, en gran medida, se deriva de un discutible y determinado malentendido de lo que los bufetes como Mossack Fonseca hacen —y no hacen— para sus clientes. En términos básicos, estos bufetes ayudan a las personas a crear nuevas empresas y fideicomisos. Estas entidades legales son creadas en jurisdicciones alrededor del mundo, y los bufetes como Mossack Fonseca están legalmente obligados a conducir una extensiva diligencia debida para asegurarse de que el “propietario beneficiario” de estas entidades —los clientes finales— esté operando de una manera legal, y de que cualquier dinero depositado en estas nuevas empresas sea legalmente obtenido. Los bancos realizan un proceso similar de diligencia debida, y los bufetes de abogados tradicionalmente trabajan con ellos en sus cuentas compartidas para asegurarse de un cumplimiento total con las leyes aplicables.
Pero a diferencia de los bancos, estos bufetes de abogados no toman posesión del dinero de sus clientes. Así que la noción de que están involucrados en “lavado de dinero” es risible. Una vez que los papeles de incorporación son entregados, el bufete no dirige de forma alguna la operación de las empresas. Cuando los problemas surgen y varias “banderas rojas” asoman su cabeza, estos bufetes deben contactar inmediatamente a los supervisores locales y a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, y comunicarles a estos cualquier información que hayan obtenido, incluso información que de otra forma estuviera protegida. En otras palabras: para culpar a estos bufetes de los delitos del infinitamente pequeño número de personas que burlan al sistema sería como culpar a una empresa de autos por un conductor que conduce su sedan hasta que este se cae de un precipicio.
Los bufetes como Mossack Fonseca son simplemente el último ejemplo y chivo expiatorio de una campaña mucho más amplia que está siendo librada por parte de gobiernos izquierdistas y sus múltiples aliados y grupos de intereses. Esta campaña se erige alrededor de ataques agresivos contra cualquiera que, por cualquier razón, busca proteger legalmente de políticas tributarias confiscatorias sus activos obtenidos con esfuerzo.
Lo que hace de este asunto tan frustrante es que de hecho hay una forma pro-crecimiento de acabar con esta controversia. Los gobiernos de impuestos altos deberían reformar sus propios regímenes tributarios con miras a competir por el capital y atraer a nuevas empresas a sus territorios en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Eso es básicamente lo que pasó durante la década de 1980, empezando con los recortes de impuestos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y esto desató un periodo considerable de prosperidad global.
Desafortunadamente, una serie de gobiernos en los tiempos recientes han decidido no competir en ese terreno del todo —en cambio, simplemente buscan difamar o destruir a cualquier entidad, individuo o jurisdicción que exista que los prive de la recaudación tributaria, dineros sobre los que los políticos ambiciosamente sienten que tienen derecho.
Como suele suceder, los medios de comunicación que lideran estas perennes “revelaciones”, usualmente a pedido de los burócratas de la OCDE (quienes, irónicamente, obtienen sueldos libres de impuestos) y funcionarios de gobiernos en países con impuestos altos, están apuntando en la dirección equivocada.
Puede ser el caso de que los bufetes basados en el extranjero como Mossack Fonseca sean objetivos fáciles y sabrosos, sin importar lo mundanal del trabajo que hacen y el papel crítico que desempeñan ayudando a la economía global a operar de manera eficiente. Pero la narrativa siendo desplegada por la prensa internacional, que sugiere que estos bufetes están violando la ley o ayudando a otros a hacer lo mismo, se contradice con el hecho de que ninguno de ellos ha sido acusado de crimen alguno. Desafortunadamente, las historias acerca de los bufetes que cumplen con la ley no necesariamente venden muchos periódicos.

Contra los impuestos

Entre Escila y Caribdis -

SANTIAGO NAVAJAS

La polémica sobre la filtración de los “papeles de Pánama” se ha centrado en si hay que prohibir los denominados “paraísos” o “refugios” fiscales. Pero podríamos poner el foco en otra variante de la ecuación: ¿Es la obligación de pagar impuestos una injusticia?, ¿cabe considerar el derecho a la objeción fiscal? Como casi siempre, Kant ilustra, nunca mejor dicho, el camino tributario a seguir en una sociedad que pretenda ser eficiente a fuer de justa. Escribía el filósofo alemán en ¿Qué es la Ilustración?
“El ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son asignados (Pero) él mismo no actuará en contra del deber de un ciudadano si, como docto, manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o injusticia de tales impuestos.”

Desde el punto de vista filosófico, cabe la resistencia civil, aunque sea “opinativa”, contra el fisco

Desde el punto de vista filosófico, por tanto, cabe la resistencia civil, aunque sea “opinativa”, contra el fisco. Como la que propugna otro filósofo alemán Peter Sloterdijk: la solidaridad no puede ser producto de la coacción, por lo que los impuestos deben reducirse a su mínima expresión, para sostener los bienes públicos estrictos, y las contribuciones de los ciudadanos al funcionamiento de los servicios estatales no imprescindibles (de las televisiones “públicas” a las mil y una empresas estatales) se debería realizar únicamente mediante donaciones voluntarias. Es decir, como la Wikipedia. O, lo que es lo mismo, menos socialdemocracia y más liberalismo.
La fundamentación moral de una imposición fiscal ocurrirá cuando el Estado se legitime ante los ciudadanos, es decir, que sea capaz de persuadirlos, en lugar de coaccionarlos, para ir más allá del límite de la “libertad positiva” (por usar la terminología de Isaiah Berlin). Del mismo modo que el crowfunding se está convirtiendo en una herramienta esencial para la financiación democrática de proyectos empresariales privados, fuera de los circuitos crediticios habituales, también debería serlo para las iniciativas emprendedoras estatales. Sería interesante comprobar cuánta de la gente que se dice amiga de la cultura está dispuesta a pagar por ella y también por el acceso de aquellos que no pueden pagarla.
Me refería antes a la Wikipedia, un bien público financiado por los dos millones de personas que, de media, pagamos treinta euros al año para que cualquiera, independientemente de que haya contribuido o no, pueda hacer uso de ella. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a donar dinero para el mantenimiento de una orquesta de música de carácter nacional (o municipal) o para el de una emisora como Radio 3? Se podrían crear mecanismos incentivadores para las empresas del modo que, por ejemplo, si un trabajador dona parte de su salario al mantenimiento de un museo arqueológico su empresa contribuyera en igual medida (siendo desgravable en una proporción).

Cada vez que un Estado se desmarca del Pacto Fiscal Europeo y aumenta los impuestos, se deslegitima para pedir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales

Tras una tarifa plana del veinticinco por ciento en el IRPF, las contribuciones voluntarias al Estado irían en consonancia con un rendimiento a los ciudadanos tanto de las cuentas como de la calidad de los servicios. Tras dicho techo impositivo, habría que obligar al Estado a un límite de deuda del 60% del PIB, de modo que no se escape a través de la emisión de deuda que no es más que una forma de proyectar los impuestos al futuro. Cada vez que un Estado se desmarca del Pacto Fiscal Europeo y aumenta los impuestos, se deslegitima para pedir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales. Parafraseando al “No tax without representation” (“No hay tributación sin representación”) que inspiró la Independencia norteamericana, podríamos reclamar que sin rendición de cuentas y austeridad en el gasto público el ciudadano no está comprometido moralmente a obedecer leyes que devienen en confiscatorias.
Si actualmente Hacienda trata a los contribuyentes como súbditos no tendría más remedio, bajo un nuevo paradigma de empoderamiento fiscal ciudadano, que pasar a considerarlos como clientes que “siempre tienen razón”, en el sentido de que deberían sentirse inversores de lo público y no siervos de la gleba, a medio camino entre esclavos y hombres libres. “Hacienda somos todos” ha significado usualmente que todos somos servidores del Estado. Pero con el “empoderamiento” del ciudadano, rompiendo la asimetría informativa y de violencia que detenta ahora el Estado, pasarían los contribuyentes a ser considerados como inocentes de cualquier delito o falta fiscal, en lugar de la situación de arbitrariedad, incertidumbre e indefensión que padecen.

Vivimos el absurdo de producir para pagar impuestos en lugar de sentirnos copartícipes de una tarea colectiva

Los “papeles de Panamá” han derivado en un debate confuso e interesado en el que se ha mezclado torticeramente la ingeniería financiera legítima con la evasión delictiva. Pero sobre todo ha apuntalado los cimientos de un Estado devorador de las rentas y la riqueza que producen los ciudadanos. Vivimos el absurdo de producir para pagar impuestos en lugar de sentirnos copartícipes de una tarea colectiva que cree las infraestructuras y las condiciones sociales que incentiven una mayor prosperidad y una justicia más profunda. La situación es cada vez más totalitaria y absurda y, además, nos conduce no sólo a la infantilización moral sino al desastre económico.

Los fabricantes de desempleo

Gustavo Lazzari señala que las leyes propuestas por kirchneristas en el Congreso y el Senado que buscan proteger al trabajador aumentando las sanciones al empleador que intentara un despido, son un ejemplo de esos "amores que matan".

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Gustavo Lazzari es Economista de la Fundación Libertad y Progreso (Argentina).

Legisladores de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean convalidadas. A través de un proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas se propone además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en caso de despidos con causa o fuerza mayor. Las sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos indemnizatorios y administrativos. En tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso. Uno en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días y otro en Diputados que prohíbe despidos, impone la doble indemnización hasta el 31 de diciembre de 2017.



Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.
Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.
Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.
Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!
El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.
No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.
Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.
Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.
Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.
Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

Bernie frente a Ron Paul: No hay comparación

Llewellyn Rockwell

El supermartes puede haber sido el principio del fin de la campaña de Bernie Sanders, pero las ideas que propalaba es probable que permanezcan durante bastante tiempo. Con algunos escritores comparando a Bernie con Ron Paul (no en términos de economía y filosofía, por supuesto, sino como candidatos insurgentes), me parece un momento oportuno para examinar el mensaje y legado de Sanders y compararlo con el de Ron.
Como Ron, Bernie sorprendió a todos los expertos con su éxito en financiación, encuestas y votos. De hecho Sanders ha tenido tanto éxito que  la campaña Hillary Clinton se ha reducido a un patético y poco convincente “yo, también”: ¡puedo ser como Bernie si eso es lo que queréis, catetos!
Bernie ha ganado mucho impulso por sus quejas de que Hillary es el tanque de Wall Street y los grandes bancos. Igualmente ha señalado los honorarios de seis cifras que Hillary ha obtenido de discursos dados a los grandes bancos.



Lo más que pudo hacer el ahora desventurado Bill Clinton en respuesta fue señalar que también se había pagado a Bernie por realizar discursos. Técnicamente, Bill tenía razón. Bernie había ganado dinero por hablar en público: unos abrumadores 1.800$ a lo largo del año. El año anterior, Bernie había ganado 1.300$ por hablar en público. Todo este dinero fue donado a caridad, como es obligado para los senadores de EEUU.
Es verdad que Bernie es mejor que Hillary en política exterior, pero cumpliendo la Ley de Rothbard (todos sse concentran en el área en que son peores), Bernie habla poquísimo sobre temas de guerra y paz. E incluso ahí, la coherencia y los principios  le son esquivos: apoyó el bombardeo de Serbia sobre Kosovo de Bill Clinton, una acción e terrorismo basada en propagando que rivalizaría con cualquier cosa que haya apoyado George W. Bush. Sanders está también a favor de la actual campaña de drones e incluso apoyó el F-35, uno de los mayores despilfarros de la larga y lamentable historia del Pentágono.
El principal legado de Bernie será haber resucitado la idea del socialismo en las mentes de muchos estadounidenses. Es un socialismo muy confuso, realmente. Los jóvenes que siguen a Bernie no parecen siquiera poder definir el socialismo, según encuestas recientes. Y de hecho la economía de Bernie en realidad es solo un híper-keynesianismo en lugar de un socialismo integral. Pero sugiriendo que los países escandinavos constituyen un modelo que Estados Unidos debería emular, ha impulsado la idea de que solo un cambio sistémico a gran escala en la dirección de un poder público enormemente acrecentado puede producir el tipo de sociedad que quieren los estadounidenses.
El capitalismo tendría que ser nuestra postura por defecto, ya que conforma las ideas morales básicas que adquirimos en nuestra juventud: mantener la palabra dada, cumplir los acuerdos, no tomar lo que no es tuyo y no causar ningún daño físico.
Pero gracias a años de propaganda contraria, el socialismo ha llegado a parecer a mucha gente como no simplemente una posición moralmente aceptable, sino clara y evidentemente deseable y superior a la alternativa capitalista. El mercado libre, están convencidos por lo que recuerdan de sus libros de escuela primaria, lleva al “monopolio” y la opresión.
Bernie habla como si el sistema estuviera manipulado contra el pueblo debido a la influencia de las empresas en el gobierno (un punto bastante justo, hasta aquí), pero es difícil tomar en serio su crítica cuando la solución propuesta es extender la influencia de la política sobre cada vez más áreas de la vida y aumentar los poderes y el ámbito del mismo gobierno al que se supone que está criticando.
La explicación de Sanders se basa en dos grandes afirmaciones históricas, ambas completamente falsas.
Primero, Sanders cree que hay que culpar al “capitalismo”  por el crash de 2008. Pero como saben los lectores de mises.org, la recesión, como la Gran Depresión antes que ella, vino precedida por años de expansión del crédito de la Reserva Federal. Según la teoría austriaca del ciclo económico, la rebaja artificial de los tipos de interés por debajo de los niveles del mercado libre pone en marcha un auge económico insostenible. La economía se pone en una vía que solo podría sostenerse si la disponibilidad de recursos reales fuera mayor de la que es realmente. Cuando el ahorro real y los recursos acaben resultando no existir en la abundancia que las intervenciones de la Fed hicieron que creer la gente, han de abandonarse proyectos y la falsa prosperidad se convierte en una recesión real.
Los seguidores de Sanders sin duda señalarían el gran número de malas hipotecas originadas por prestamistas privados. ¿Pero se habrían extendido estas hipotecas en primer lugar si instituciones como Countrywide no hubieran podido venderlas a las privilegiadas públicas Fannie Mae y Freddie Mac? Fannie y Freddie disfrutaban de ventajas fiscales y regulatorias y tenían una línea especial de crédito del Tesoro de EEUU, una línea de crédito que todos sabían que sería esencialmente ilimitada si hiciera falta.
Fue la tormenta perfecta: la política monetaria de la enloquecida Fed inyectó enormes cantidades de crédito adicional circulando por toda la economía y los diversos decretos y regulaciones públicos federales hicieron de la propiedad inmobiliaria un baratillo artificialmente atractivo para todo ese nuevo dinero. Cuando toda esta estructura desvencijada se vino abajo, el capitalismo (que nunca se aplicó en medio de toda esta locura regulatoria y de creación de dinero) recibió las culpas.
De hecho, ¿qué podría ser intelectualmente más sencillo que culpar al “mercado libre” por un fenómeno que un crítico no entiende? Ron Paul, por el contrario, en sus campañas presidenciales nunca se cansó de ir más allá de explicaciones superficiales para explicar lo que pasó realmente en el desastre de 2008 e identificar quiénes eran los culpables reales.
La otra parte del relato de Sanders (Escandinavia) es también frívola y equívoca.
De hecho, el primer ministro de la propia Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, finalmente tuvo que corregir las referencias a su país como “socialista” del senador de Vermont. “Me gustaría dejar clara una cosa”, dijo Rasmussen, “Dinamarca está lejos de ser una economía planificada socialista. Dinamarca es una economía de mercado”.
Aun así, no cabe duda de que Dinamarca tiene un gran sector público. Y está empezando a absorber su vida. Las diversas prestaciones danesas subvencionan la indolencia hasta un nivel absurdo e inmanejable. En los 98 municipios del país, adivinad cuántos tienen trabajando una mayoría de residentes. Si respondisteis tres, sabéis mucho más de Dinamarca que Bernie y sus seguidores.
Pasa algo similar con el resto de Escandinavia. Por ejemplo, el estado del bienestar de Suecia solo pudo desarrollarse debido a la riqueza creada por décadas de una próspera economía de mercado. La creación de empleos en el sector privado fue de anémica a inexistente en las décadas que siguieron a la expansión radical del estado sueco del bienestar. Y con respecto a Noruega, hay allí un montón de cosas “gratis”, si estás dispuesto a pagar un tipo fiscal efectivo del 75%.
La comparación de Bernie con Ron es así: ambos lanzaron campañas presidenciales insurgentes y contra el establishment con más de 70 años, sacudieron a los establishments de sus respectivos partidos y atrajeron a muchos seguidores jóvenes. Pero Bernie no es Ron.
Solo en lo externo: Bernie es un gruñón y es difícil trabajar con él; Ron es un caballero amable que siempre demostró su aprecio por las personas de su oficina.
Lo que es más importante, Ron pedía a sus seguidores que leyeran y aprendieran. Multitud de estudiantes de instituto y universidad empezaron a leer tratados densos y difíciles de economía y filosofía política porque Ron les animó a hacerlo. A los seguidores de Bernie no se les anima a esto. ¿Para qué? El programa electoral de Bernie simplemente regurgita las mentiras y prejuicios de sus jóvenes seguidores ya asimilados en la escuela. ¿Qué más hay que leer?
Por el contrario, los seguidores de Ron eran lo suficientemente curiosos como para escarbar por debajo de la superficie. ¿Es el estado realmente una institución benigna que puede proporcionarnos gratis lo que podamos demandar? ¿O podría haber factores morales, económicos y políticos en el camino hacia estos sueños utópicos?
Los seguidores de Bernie reclaman cosas materiales para ellos, para que se las entreguen a costa de extraños a los que se les ha enseñado a despreciar. Pero como el propio Ron (que como médico obstetra se opuso a las restricciones a las comadronas aunque hacerlo no le interesara materialmente), sus jóvenes seguidores adoptaron el mensaje de la libertad sin pensar en ventajas materiales.
No es difícil trabajarte una banda delirante de gente reclamando cosas de otros. Esas apelaciones derivan de los aspectos más básicos de nuestra naturaleza y siempre atraen a una masa. Es muy difícil, por el contrario, construir un ejército de jóvenes lo suficientemente curiosos intelectualmente  como para leer libros serios y considerar ideas que van más allá de la sabiduría convencional que aprendieron en la escuela acerca del gobierno y el mercado. Es difícil levantar un movimiento de personas cuyo sentido moral esté lo suficientemente desarrollado como para entender que aullar demandas y obligar a que se impongan por medio del arma del estado es el comportamiento de un matón, no de una persona civilizada. Y es difícil convencer a la gente de la idea contraintuitiva de que la sociedad funciona mejor y las personas son más prósperas cuando nadie está “al mando” en absoluto.
Aun así, Ron logró todo esto. Y por eso, cuando contraponemos al senador de Vermont con el congresista de Texas, los logros de Ron son mucho mayores y más históricos.

Una mala inversión

Guillermo Cabieses considera que la banca de fomento debería ser hoy un mal recuerdo de las economías planificadas.

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Guillermo Cabieses es profesor de los cursos de Economía y Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es Máster en Derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y abogado por la Universidad de Lima.

En los últimos meses la banca de fomento ha estado en el debate público. La idea es que el Estado cuente con instituciones financieras que canalicen, vía préstamos, recursos fiscales al desarrollo de ciertas industrias que, por su riesgo inherente, no pueden acceder al crédito en el sistema privado.
La lógica es lograr que ciertas actividades que el gobierno considere importantes sean promovidas. Esto parece estar a tono con los planes de diversificación productiva o los incentivos tributarios a la innovación. En buena cuenta, se trata de la orientación de fondos estatales a actividades empresariales.



El problema es cómo definir quiénes serán los beneficiados. Los recursos son escasos y el mercado, no el gobierno, debería ser el sistema para asignarlos. De otra forma, se abre la puerta al mercantilismo y la corrupción. El costo del dinero es parte del mecanismo con que el mercado selecciona qué proyectos de inversión deben perseguirse y cuáles no.
¿Por qué premiar con créditos subsidiados al sector agrario y no al textil, o a la minería en lugar de la pesca?
El gobernante de turno define qué actividad será subsidiada. La cuestión es que esos recursos pueden perderse fácilmente. En 1992 el gobierno decidió liquidar los bancos de fomento en el Perú. Un informe emitido en el 2002 por una comisión investigadora del Congreso nos muestra que, a finales de 1992, las colocaciones de los bancos de fomento sumaban US$548,5 millones. La recuperación por cobranzas que se logró en el período 1993-2001 ascendió, apenas, a US$40 millones. Es decir, en ocho años se recuperó apenas el 7,3% de lo colocado.
Lo triste de esta historia no es solo que ese dinero fue mal gastado, sino que no se trató del dinero de personas que decidieron entregar a una entidad financiera para que esta a su vez lo preste, asumiendo así el riesgo de su decisión. Se trató más bien del dinero de todos los peruanos que, en lugar de dedicarse a la educación, salud o seguridad, se malgastó en créditos baratos para actividades no rentables, sin respaldo en el mercado.
No faltarán quienes digan que esa es una visión pesimista. Un banco de fomento —argüirán— no tiene por qué generar pérdidas.
No obstante, es difícil creer eso. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta de un banco que se dedique exclusivamente a otorgar créditos blandos a pequeños y medianos mineros. Esta entidad sería —al estar imposibilitada de diversificar por su propia naturaleza— sustancialmente más riesgosa que cualquier otra entidad financiera que no se vea forzada a estar concentrada en una sola industria.
Este no es el único bemol de estas entidades. También debemos ser conscientes del incentivo perverso que generan al motivar que la gente se desplace hacia los sectores subsidiados, atraída por la posibilidad de obtener créditos baratos pese a no realizar actividades realmente productivas.
Si el mercado pudiese operar sin esas distorsiones daría los incentivos para que solo quienes están dispuestos a arriesgar su capital inviertan en un negocio. El costo de oportunidad de este subsidio son los otros emprendimientos realmente más rentables que las personas podrían estar persiguiendo si es que el Estado, jugando con nuestro dinero, no se hubiese aventurado a subsidiar esa actividad en particular.
La banca de fomento debería ser hoy un mal recuerdo de las economías planificadas. Sin embargo, los errores del intervencionismo parecen ser atemporales.